El mapa de las injusticias ambientales en Colombia

95 casos de conflictos socio-ambientales

Por: Mario Alejandro Pérez R.
Prof. Universidad del Valle – Instituto CINARA
E-mail: mario.perez@correounivalle.edu.co

mapa

Las políticas de liberalización de mercados a inicios de los noventa, que surgieron como resultado del llamado Consenso de Washington y fueron promovidas por los organismos financieros internacionales, contribuyeron a acentuar el rol histórico de Colombia en la división internacional del trabajo como exportadora de materias primas y recursos energéticos; al tiempo generaron una pérdida de dinámica del sector industrial en la economía nacional. Este proceso adquirió mayor protagonismo a partir del siglo XXI, ayudado por la mejora en los términos de intercambio de las materias primas generado por la gran dinámica de las economías China e India.

Los datos de las exportaciones y la evolución de la estructura del PIB colombiano corroboran este planteamiento. Así, del crecimiento total de las exportaciones entre 1990 y 2013, las ventas al exterior de origen primario aportaron el 84% de ese monto. Esto incrementó la participación de las exportaciones de materias primas en Colombia de 77 a 84% en el mismo periodo. Pero además, se produjeron importantes cambios estructurales al interior del sector primario exportador. Mientras a finales de los setenta, el café era el primer renglón exportador con más del 60%, para 2012 esta participación se redujo al 3%. Al tiempo, el sector minero-energético ganaba en importancia exportadora. El petróleo pasó de 8 a más del 50% del total de ventas al exterior, mientras el carbón y el ferroníquel alcanzaron para 2012 el 12 y 2% respectivamente. En síntesis, en este año el 64% de los productos exportados provienen del sector minero-energético.

La dinámica reprimarizadora se reflejó igualmente en la estructura sectorial del PIB. Así, aunque en el largo plazo se produce una caída del PIB extractivo (del 28 al 17% entre 1970 y 2013), en la última década se genera una recuperación: de 12% en 2000 a casi 17% en 2013. Además, se produce una reestructuración al interior del PIB primario: mientras que el sector agropecuario pasó del 23% en 1975 al 6% en 2012, el sector minero-energético incrementó su participación en el PIB del 2% al 11% en el mismo periodo (DANE, 2013).

Bajo el horizonte de los procesos de especialización productiva promovidos por la apertura de los mercados en los noventa, se potencializan las ventajas comparativas asociadas a la abundancia de tierra, agua y clima, diseñando un marco de políticas y estrategias que promueven las inversiones hacia el sector extractivo de la economía colombiana. Con ello se produce un incremento significativo en el área utilizada por la dinámica económica en actividades primarias.

Pero además, dado el carácter intensivo y extensivo de estos modelos en términos del uso de la tierra, el agua y la naturaleza, que requiere la homogenización del paisaje y de la cultura rural, se generan grandes niveles de acumulación de los recursos naturales, y con ello grandes impactos y conflictos ambientales entre los nuevos actores empresariales que expanden sus actividades bajo patrones agresivos en términos tecnológicos y de vida, y las comunidades que tienen otra forma de relacionarse con la naturaleza y entre sí mismos.

La expansión de estas actividades se encuentra frecuentemente con formas de producción campesina, con agricultura familiar, mezcla de cultivos para el autoconsumo y el mercado local, con sociedades híbridas que dependen en buena medida de los servicios ambientales provistos por la naturaleza, ausentes de políticas gubernamentales activas, comunidades con bajo nivel de organización empresarial y en general con poco respaldo institucional. Esta realidad, hace a las comunidades más vulnerables, con lo cual la expansión de tales actividades potencializa los impactos socio-ambientales sobre las mismas, incrementando la exclusión hacia el uso y disfrute de los recursos naturales de los cuales subsisten, afectando sus modos y medios de vida, sus redes sociales, sus estructuras culturales y sus derechos consuetudinarios sobre los bienes comunes de los cuales dependen altamente, generándose un despojo del agua, la tierra, los territorios comunales, la biodiversidad, etc. Pero además, esta expansión de la frontera económica se encuentra con territorios de gran riqueza en servicios ecosistémicos como páramos, humedales, selvas, manglares, etc., por lo cual muchos grupos ambientalistas e instituciones también protestan por su defensa.

Partiendo de este contexto, el propósito de este trabajo fue realizar un inventario de los principales conflictos socio-ambientales en Colombia, caracterizarlos y establecer relaciones analíticas que ayuden a entender sus orígenes y sus efectos en forma más agregada. La recopilación de los casos se hizo a partir de un trabajo con estudiantes, ONG´s, académicos e investigadores, observatorios de conflictos, revisión de noticias de prensa e Internet y visitas de campo. Mediante el uso del formulario del proyecto EJOLT (Environmental Justice Organization, Liabilities and Trade), se recogió información detallada para 95 casos de conflictos ambientales (ver Mapa). Con esta información, se construyó una base de datos que permitió clasificar, caracterizar y tipificar los conflictos. Su análisis se realizó mediante dos esquemas analíticos: i) a través del mapeo, que además de permitir la ubicación geográfica del conflicto, posibilitó cruzar la información con otras variables y mapas mejorando el análisis de los conflictos. ii) Para complementar el trabajo se construyeron series de tiempo con algunas variables de interés y se usó la estadística descriptiva para mejorar el análisis.

Los resultados obtenidos por esta investigación permitieron concluir que: i) Buena parte de los conflictos se ubican en las zonas más pobladas (Andina y Caribe); muchos en zonas de conservación; y su impacto se concentra en las comunidades más pobres: campesinos, afros e indígenas. ii) el sector extractivo explica buena parte de los conflictos del país (minería, biomasa y energía fósil) destacándose el oro y el carbón: 42% de los conflictos están relacionados con estos dos tipos de materiales iii) hay una clara relación entre la cantidad e intensidad de los conflictos ambientales y el modelo de desarrollo extractivo de los últimos gobiernos. Esta situación es alimentada por la Inversión Extranjera Directa. iv) Los resultados de los conflictos muestran tendencias contrarias: a) La violencia persistente para resolver los conflictos (173 eventos de violencia incluyendo muertes, desapariciones y amenazas); b) La abundancia de mecanismos jurídicos para intentar resolverlos (90 eventos relacionados con procesos jurídicos); c) La abundancia de procesos de negociación para su resolución (50 casos de negociación), y d) El éxito relativo de los movimientos sociales al detener 19 de los 95 proyectos generadores de conflictos. Esto muestra la bipolaridad de la sociedad colombiana que se enmarca en los extremos entre negociación, juridicidad y violencia.

Para ver el mapa global ingresar a: Mapping ecological conflicts

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